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Ajuste de Cuentas: Kicillof quiere aumentar 300% el Inmobiliario y mete más presión al Campo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha presentado una propuesta fiscal que ha dejado perplejos a muchos ciudadanos de la provincia. En un movimiento audaz, busca aumentar hasta un 300% el impuesto inmobiliario y un 270% las patentes, todo mientras pretende elevar los niveles de endeudamiento a la considerable cifra de 1.800 millones de dólares, según el controvertido proyecto de Ley Impositiva 2024 que se someterá a votación este jueves.

Este paquete de medidas, denominado eufemísticamente como «ajuste de cuentas», combina el aumento de impuestos, la presión adicional sobre el sector agrario y una gigantesca toma de deuda. Kicillof se une así a la ola de recortes que ya habían anunciado sus colegas provinciales en semanas previas, como si el ciudadano común no tuviera ya suficientes motivos de preocupación.

En una maniobra que refleja más la urgencia que la planificación estratégica, las cámaras legislativas están convocadas para sesionar en la última semana del año, específicamente el 28 de diciembre. Este timing apresurado deja poco espacio para un análisis detenido y sereno por parte de los legisladores y la ciudadanía en general.

El gobierno provincial se enfrentará a una oposición atomizada, con libertarios divididos en varios bloques y Juntos por el Cambio sin formar una bancada unificada. No obstante, la propuesta, que ingresó estratégicamente antes del fin de semana largo de Navidad, busca obtener recursos para compensar la casi segura suspensión de los aportes que la Nación solía destinar a Buenos Aires.

El sector agropecuario, que se perfila como uno de los más afectados por este paquete impositivo, seguramente manifestará su repudio de manera contundente. Con el aumento del impuesto inmobiliario rural y la mayor presión fiscal sobre un sector que ya enfrenta numerosos desafíos, Kicillof parece no tener en cuenta las consecuencias para un motor clave de la economía.

El proyecto, que abarca modificaciones a los impuestos provinciales según los índices inflacionarios, plantea un escenario sombrío para los propietarios de tierras con valuación fiscal superior a 39 millones de pesos, quienes enfrentarán un incremento en el impuesto inmobiliario rural a finales de 2024.

Se argumenta que se busca «mayor progresividad» en la estructura tributaria, pero la realidad es que esta medida recae con mayor fuerza sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, sin tener en cuenta las complejidades y desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

La solicitud de endeudamiento por 1.800 millones de dólares, bajo la justificación de hacer frente a vencimientos de deuda en 2024, también levanta suspicacias. La oposición, en particular Juntos por el Cambio, critica la disparidad entre el presupuesto prorrogado y la deuda solicitada, señalando que Kicillof está pidiendo una cantidad descomunal, casi 15 veces más que el año anterior.

A pesar de estas críticas y de la evidente carga impositiva que recae sobre la población, los principales bloques opositores anticipan su aprobación a la iniciativa, aunque buscan mitigar el impacto de los aumentos. Parece ser una señal de la inevitable aprobación de un paquete que, en última instancia, podría resultar en un duro golpe para la economía y el bienestar de los bonaerenses.

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Kicillof, la bicicleta a los municipios y los legisladores bancando a los intendentes

Cada proyecto y cada jugada política de Axel Kicillof que debe definir la legislatura de la Provincia tiene el ancla para la negociación en los municipios. Es que el gobierno provincial les adeuda mucho dinero que el gobernador pedaleó para gastarlo en la campaña, y ese derroche fue mayor luego de las elecciones, cuando la victoria de Sergio Massa aparecía como una certeza en el horizonte electoral.

La cuenta era clara para el gobernador que acaba de ser reelegido: usar la caja disponible para el balotaje y luego, con Massa en la presidencia, tapar los agujeros con aportes del Tesoro Nacional, como ya era costumbre frente al déficit y la pésima administración de Kicillof.

Pero el cisne negro de Javier Milei le hizo llenar las patillas de preguntas al Gobernador. Y junto a él, comenzaron a rezar los intendentes que ya sabían desde el momento en que Sergio Massa reconoció la derrota que la deuda que tenía con ellos la Provincia tenía un futuro de pedal infinito, con más bicicleta que el Tour de France.

Pero Kicillof, fiel al manejo kirchnerista del poder, puso a los intendentes como rehenes de la negociación con los legisladores para que le aprueben endeudamiento impagable y un aumento del 200% del impuesto inmobiliario. Y para los legisladores provinciales, esos que casi todos los fines de semana vuelven a sus pueblos y que en las campañas se apoyan en los intendentes para caminar los territorios, no pudieron hacer otra cosa que amortiguar el golpe, evitar mayores daños y votar con la nariz tapada un proyecto que tiene más dudas que el peluquero de Milei.

Frenar toda la obra pública en los municipios del interior de PBA y dejar flotando la deuda de la Provincia con los intendentes era, para los legisladores del Pro y de la UCR, un camino sin salida. Sin presupuesto 2024 y sin esta Ley Impositiva para Kicillof, el futuro de muchos municipios del interior estaría signado por el desastre financiero, en el marco de una provincia inviable.

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/d Política

El Gobernador necesitó de los votos del Pro y la UCR para aprobar su nueva Ley Impositiva

En una extensa sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada de este viernes, el gobierno bonaerense alcanzó un acuerdo crucial al obtener los votos del PRO, un sector de la UCR, y la Coalición Cívica, esta última con representación exclusiva en la Cámara de Diputados. Este respaldo permitió la aprobación de la ley fiscal impositiva para el año 2024 y la autorización de un endeudamiento por una suma cercana a los $1800 millones de dólares.

Para asegurarse el apoyo de la oposición, el Ejecutivo bonaerense tuvo que ceder ante los pedidos de modificaciones al proyecto original que buscaba un aumento impositivo para el inmobiliario urbano y rural, con incrementos que oscilaban entre el 140% y el 300%. El tope máximo, que inicialmente aplicaba solo al 10% de las partidas, fue ajustado al 200%. A pesar de estos cambios, fuentes del Ejecutivo subrayaron que los impuestos patrimoniales mantienen la progresividad, con topes diferenciados para garantizar una mayor contribución de aquellos con mayores recursos.

Las arduas negociaciones llevaron a la inclusión de una cuota extra para el sector rural y otra para el urbano, aplicables únicamente al 10% de las partidas de mayor valuación. Desde el Ejecutivo, destacan que el espacio de Juntos, que participó en las negociaciones, defiende a los que más tienen, aunque lograron reducir los topes del 300% al 200%, beneficiando así al 10% de la población con mayor patrimonio. La baja en el tope porcentual será compensada con la cuota extra.

En el ámbito opositor que respaldó las iniciativas, se enfatiza que se logró detener la creación de nuevas estructuras, cargos y nombramientos políticos que se proponían en la Ley de Emergencias.

«Hasta último momento estuvimos acomodando papeles. Hubo un gran trabajo de este honorable cuerpo para buscar acuerdos. El gobernador entiende el valor republicano y que es en la búsqueda de consensos donde se efectiviza», expresó el senador por Unión por la Patria, Marcelo Feliú.

El senador habló de la incertidumbre generada por la situación macroeconómica, pero resaltó la decisión de establecer topes en las categorías más altas para dar certidumbre a los contribuyentes. Además, destacó la exención del impuesto inmobiliario urbano para los afectados por la tormenta en Bahía Blanca.

El presidente del bloque del PRO en el Senado, Alejandro Rabinovich, se refirió a la decisión de la quita del impuesto a las ganancias por parte de la nación y su impacto en los municipios de la coparticipación de ese tributo. «Siempre van a tener de nuestra parte la escucha. Eso es lo que conforma finalmente la democracia en la provincia de Buenos Aires», añadió.

El presidente del bloque de Senadores de la UCR, Agustín Máspoli, aseguró que «el proyecto original de Kicillof contemplaba aumentos de hasta un 300%, y hemos logrado llegar a un acuerdo para que el mismo no supere la inflación anual».

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¿El Partido Obrero apoyará a la Burocracia Sindical de la CGT?

El Partido Obrero y su lucha contra la “burocracia sindical” tiene capítulos muy trágicos, como fue el homicidio. Tanto en la sentencia por el crimen de Mariano, como en los documentales producidos por el PO, quedó más que claro cómo operaban con el Gobierno de Cristina Kirchner los sindicatos y los sindicalistas históricos que han manejado los hilos de las CGT. Y aunque en aquel entonces la madre de todos los gremios se haya despegado de Pedraza, tal como lo explican los propios dirigentes del Partido Obrero, el supuesto apoyo del gobierno de Cristina, y la lavada de manos de la CGT, vino cuando ya era notorio que en la sociedad reinaba un clamor de justicia por Mariano, un militante del PO que recibió un balazo efectuado por Christian Favale cuando formaba parte de un cordón humano que se había hecho para proteger a sus compañeros que se estaban desconcentrando luego de un intento fallido de corte de vías. Mariano Ferreyra murió justamente para que esa bala, que no diera en algunas de las mujeres u otros compañeros que se encontraban en el lugar, mientras las patotas Pedraza avanzaban contra ellos.

Hoy, 28 de diciembre, y ante el anuncio de un paro general convocado por la CGT, se leyeron algunos titulares en los que aseguraban que el Polo Obrero y el Partido Obrero acompañarían la medida. Y realmente duele y lastima mucho más que cualquier flexibilización laboral. Porque en su disputa contra el gobierno de Javier Milei en defensa de los derechos de los trabajadores, el Partido Obrero será más funcional a los intereses de la burocracia y las patotas sindicales que a los trabajadores. Y en esto también hay que señalar que claramente el presidente Milei se equivoca en avanzada “contra los zurdos” y nos equivocamos muchos que, por acción u omisión, permitimos esa denostación de un partido que casi no registra denuncias de corrupción y que forma parte de un equilibrio necesario para la vida política de la sociedad.

Resultaría muy peligroso que vivamos en una Argentina donde no haya partidos políticos representantes de los trabajadores. Y eso no implica que no se les deba aplicar la Ley cuando ejercen violencia en sus manifestaciones o cuando pretendan saltar por encima de los derechos de otros a la hora de protestar. Y que esas sanciones deben ser de forma individual contra las personas que comenten esos delitos. Pero no cabe duda de que entre el Partido Obrero y la CGT, hay una distancia ideológica insalvable. Porque el PO, como miembro de la Izquierda Unida, así lo ha demostrado en sus luchas. Porque la CGT jamás hubiera conseguido el gran apoyo popular que consiguieron, incluso de artistas, para pedir justicia por Mariano Ferreyra. Porque los primeros victimarios de los trabajadores a los cuales la Izquierda defiende son, sin dudas, los gremialistas de la derecha peronista que siempre han negociado con el poder de turno para mantener sus privilegios y cajas millonarias en perjuicio de los trabajadores.

Sería decepcionante para muchos ver a los compañeros de Mariano Ferreyra siendo funcionales a la CGT. Pero también es cierto que el Polo Obrero, bajo la conducción de Belliboni, va rumbo a una desconfiguración ideológica, a una estructura amorfa de sus valores y principios, y a una pérdida de verdadera representatividad de los trabajadores.

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