El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha presentado una propuesta fiscal que ha dejado perplejos a muchos ciudadanos de la provincia. En un movimiento audaz, busca aumentar hasta un 300% el impuesto inmobiliario y un 270% las patentes, todo mientras pretende elevar los niveles de endeudamiento a la considerable cifra de 1.800 millones de dólares, según el controvertido proyecto de Ley Impositiva 2024 que se someterá a votación este jueves.
Este paquete de medidas, denominado eufemísticamente como «ajuste de cuentas», combina el aumento de impuestos, la presión adicional sobre el sector agrario y una gigantesca toma de deuda. Kicillof se une así a la ola de recortes que ya habían anunciado sus colegas provinciales en semanas previas, como si el ciudadano común no tuviera ya suficientes motivos de preocupación.
En una maniobra que refleja más la urgencia que la planificación estratégica, las cámaras legislativas están convocadas para sesionar en la última semana del año, específicamente el 28 de diciembre. Este timing apresurado deja poco espacio para un análisis detenido y sereno por parte de los legisladores y la ciudadanía en general.
El gobierno provincial se enfrentará a una oposición atomizada, con libertarios divididos en varios bloques y Juntos por el Cambio sin formar una bancada unificada. No obstante, la propuesta, que ingresó estratégicamente antes del fin de semana largo de Navidad, busca obtener recursos para compensar la casi segura suspensión de los aportes que la Nación solía destinar a Buenos Aires.
El sector agropecuario, que se perfila como uno de los más afectados por este paquete impositivo, seguramente manifestará su repudio de manera contundente. Con el aumento del impuesto inmobiliario rural y la mayor presión fiscal sobre un sector que ya enfrenta numerosos desafíos, Kicillof parece no tener en cuenta las consecuencias para un motor clave de la economía.
El proyecto, que abarca modificaciones a los impuestos provinciales según los índices inflacionarios, plantea un escenario sombrío para los propietarios de tierras con valuación fiscal superior a 39 millones de pesos, quienes enfrentarán un incremento en el impuesto inmobiliario rural a finales de 2024.
Se argumenta que se busca «mayor progresividad» en la estructura tributaria, pero la realidad es que esta medida recae con mayor fuerza sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, sin tener en cuenta las complejidades y desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.
La solicitud de endeudamiento por 1.800 millones de dólares, bajo la justificación de hacer frente a vencimientos de deuda en 2024, también levanta suspicacias. La oposición, en particular Juntos por el Cambio, critica la disparidad entre el presupuesto prorrogado y la deuda solicitada, señalando que Kicillof está pidiendo una cantidad descomunal, casi 15 veces más que el año anterior.
A pesar de estas críticas y de la evidente carga impositiva que recae sobre la población, los principales bloques opositores anticipan su aprobación a la iniciativa, aunque buscan mitigar el impacto de los aumentos. Parece ser una señal de la inevitable aprobación de un paquete que, en última instancia, podría resultar en un duro golpe para la economía y el bienestar de los bonaerenses.
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