La Ciudad de Buenos Aires dio un paso más en su política de endurecimiento contra los llamados “trapitos” y cuidacoches ilegales. Tras la aprobación de una nueva normativa que amplía las sanciones y habilita arrestos para quienes realicen esta actividad en forma extorsiva, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó un mensaje tan contundente como polémico: “Si sos trapito, te meto preso”.
La frase no fue una improvisación. Llegó apenas horas después de que la Legislatura porteña aprobara una reforma que modifica el régimen contravencional vigente y le otorga al Estado mayores herramientas para intervenir frente a una problemática que desde hace años genera reclamos de vecinos, comerciantes y conductores.
Desde el Gobierno porteño sostienen que la actividad de los trapitos dejó hace tiempo de ser una práctica informal para transformarse, en muchos casos, en un mecanismo de intimidación y extorsión sobre quienes estacionan sus vehículos en la vía pública. La nueva ley apunta precisamente a ese fenómeno.
Según explicó la administración de Jorge Macri, la normativa endurece las penas económicas, habilita detenciones y amplía las facultades de control para las fuerzas de seguridad y las autoridades de fiscalización urbana. El objetivo es desalentar una actividad que consideran incompatible con el uso ordenado del espacio público.
El jefe de Gobierno eligió comunicar la medida con un tono directo, en línea con el perfil que viene adoptando desde que asumió la conducción de la Ciudad.
“Si sos trapito, te meto preso”, afirmó al celebrar la sanción de la ley, acompañando el mensaje con fuertes críticas hacia quienes se apropian de las calles para cobrar dinero de manera ilegal.
La declaración tuvo una rápida repercusión política y mediática. Mientras sectores cercanos al oficialismo celebraron la decisión y la interpretaron como una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, desde algunos espacios opositores surgieron cuestionamientos respecto del enfoque elegido para abordar el problema.
Para la gestión porteña, sin embargo, la discusión no pasa por la asistencia social ni por la situación económica de quienes realizan esta actividad, sino por la existencia de conductas que terminan afectando la libertad de circulación y la seguridad de los ciudadanos.
En ese sentido, el Gobierno insiste en diferenciar entre situaciones de vulnerabilidad social y prácticas que incluyen amenazas, aprietes o cobros compulsivos para permitir estacionar un vehículo.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Jorge Macri desde el inicio de su mandato, basada en la recuperación del orden en el espacio público y el fortalecimiento de la presencia estatal en las calles.
Durante los últimos meses, la administración porteña avanzó con operativos para desalojar ocupaciones ilegales, reforzar controles en zonas comerciales y combatir distintas modalidades de actividades consideradas irregulares. La ofensiva contra los trapitos se inscribe dentro de esa misma lógica de gestión.
Para el oficialismo, la sanción de la nueva ley constituye una herramienta que permitirá actuar con mayor rapidez y contundencia frente a situaciones que hasta ahora encontraban limitaciones legales o administrativas.
El debate también tiene una fuerte dimensión política.
En un contexto donde la seguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, Jorge Macri busca posicionarse como un dirigente dispuesto a tomar decisiones firmes y enviar señales claras frente a problemáticas que generan malestar social.
No es casual que haya elegido una frase tan contundente para comunicar la medida. La intención fue transmitir un mensaje simple y directo tanto a los vecinos como a quienes ejercen esta actividad en forma ilegal.
Desde la Ciudad aseguran que la nueva normativa permitirá actuar antes de que los conflictos escalen y brindará mayores herramientas para prevenir situaciones de violencia o intimidación vinculadas con el estacionamiento informal.
Mientras tanto, el debate sobre los límites entre control estatal, orden público y políticas sociales continúa abierto.
Lo que parece indiscutible es que la Legislatura porteña acaba de otorgarle al Gobierno una herramienta más severa para intervenir sobre un fenómeno que lleva años generando controversias.
Y Jorge Macri dejó en claro cuál será el criterio de aplicación: tolerancia cero para quienes conviertan las calles en un negocio basado en la extorsión.
