La política argentina tiene una curiosa tendencia a buscar soluciones simples para problemas complejos. La última muestra de esa costumbre llegó de la mano de Sebastián Pareja y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quienes impulsan una modificación legislativa para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para acceder a una banca de concejal.
La iniciativa se presenta como una ampliación de derechos políticos para los jóvenes y como una herramienta destinada a renovar la representación institucional. A primera vista parece una propuesta moderna, incluso atractiva. Después de todo, si una persona puede votar, trabajar, pagar impuestos e incluso formar una familia a los 18 años, ¿por qué no podría ocupar una banca en un Concejo Deliberante?
Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cuál es el problema concreto que esta reforma pretende resolver?
Porque la Argentina atraviesa numerosas crisis vinculadas a la representación política, a la calidad institucional y al deterioro de la participación ciudadana. Lo que no parece existir es una demanda social masiva para que los concejales puedan asumir funciones a los 18 años.
La propuesta parte de una premisa discutible: que la incorporación de dirigentes cada vez más jóvenes fortalecerá automáticamente las instituciones democráticas. Pero la experiencia histórica demuestra que la calidad de la representación no depende exclusivamente de la edad, sino de la formación, la experiencia y el conocimiento de la comunidad que se pretende representar.
No es casual que la figura del concejal tenga una larga tradición histórica vinculada a la experiencia comunitaria. El propio origen de los concejos municipales puede rastrearse hasta las instituciones locales de la tradición española que luego fueron adoptadas en América. Aquellos cuerpos deliberativos estaban integrados por vecinos que conocían los problemas de sus pueblos, participaban activamente de la vida comunitaria y acumulaban una trayectoria que les permitía intervenir en los asuntos públicos con criterio y conocimiento.
La palabra “concejal” no nació asociada a la juventud ni a la representación generacional. Nació vinculada a la idea de consejo, deliberación y experiencia al servicio de la comunidad.
Por supuesto, nadie sostiene que la edad garantice sabiduría. Existen jóvenes extraordinariamente preparados y adultos absolutamente incapaces de desempeñar responsabilidades públicas. Pero las leyes no se construyen pensando en casos excepcionales, sino en criterios generales que ayuden a fortalecer las instituciones.
Y allí aparece una contradicción difícil de ignorar.
La Argentina atraviesa una profunda crisis de participación social entre los jóvenes. Los clubes, centros de estudiantes, asociaciones civiles, bibliotecas populares, sociedades de fomento y otras instituciones intermedias muestran niveles de participación muy inferiores a los que existían décadas atrás. Los partidos políticos, incluso aquellos que hoy reivindican la renovación generacional, tampoco funcionan como espacios sistemáticos de formación de dirigentes.
En ese contexto, resulta llamativo que la respuesta propuesta no sea fortalecer la educación cívica, promover el compromiso comunitario o incentivar la participación social, sino simplemente reducir la edad mínima para acceder a un cargo público.
Es una lógica que parece invertir el orden natural de las cosas.
Tradicionalmente, la participación comunitaria funcionaba como una escuela de ciudadanía. Primero se aprendía a trabajar con otros, a comprender los problemas de una comunidad, a involucrarse en instituciones locales y a construir consensos. Después llegaban las responsabilidades políticas.
Hoy parece proponerse el camino inverso: acceder primero al cargo y esperar que la experiencia llegue después.
Tampoco puede ignorarse el contexto político en el que aparece la iniciativa. La Libertad Avanza construyó buena parte de su crecimiento apoyándose en el voto juvenil y en una militancia integrada por sectores muy jóvenes de la sociedad. Desde esa perspectiva, la reforma parece responder más a una necesidad partidaria que a una demanda institucional.
No hay nada ilegítimo en que una fuerza política procure ampliar las oportunidades de participación para sus cuadros. Lo discutible es presentar esa estrategia como una transformación fundamental para la democracia bonaerense.
Porque si realmente se pretende fortalecer la participación juvenil, existen desafíos mucho más urgentes que discutir. La deserción educativa, las dificultades de acceso al empleo formal, la precarización laboral, la crisis de las instituciones intermedias y el deterioro de los espacios de socialización comunitaria parecen problemas bastante más relevantes para las nuevas generaciones que la posibilidad de ocupar una banca en un Concejo Deliberante a los 18 años.
La política tiene derecho a debatir reformas institucionales. Lo que no debería hacer es confundir gestos simbólicos con soluciones reales.
La representación política necesita renovación, pero también necesita preparación. Necesita nuevas generaciones comprometidas con los asuntos públicos, aunque sobre todo necesita ciudadanos formados, involucrados en sus comunidades y capaces de comprender la complejidad de los problemas que pretenden resolver.
Reducir la edad mínima para ser concejal puede generar titulares, discusiones televisivas y repercusión en redes sociales. Lo que difícilmente logre es resolver la verdadera crisis de participación que atraviesa la juventud argentina.
Y cuando una propuesta genera más impacto comunicacional que beneficios institucionales, quizás estemos frente a una medida pensada para la política antes que para la sociedad.